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Jumat, 31 Juli 2020

Comunicaciones Electrónicas Y Auditoria De Seguridad

Por lo que respecta a las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas, en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción,

- de sus fechas,

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- del contenido integro de las comunicaciones

- y la identificación fidedigna del remitente y destinatario de las mismas,

según lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, serán implementadas de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.

Requerimientos técnicos de notificaciones y publicaciones electrónicas. Las notificaciones y publicaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que cumplan determinadas exigencias técnicas. Que:

a) Aseguren la autenticidad del organismo que lo publique.

b) Aseguren la integridad de la información publicada.

c) Dejen constancia de la fecha y hora de la puesta a disposición del interesado de la resolución o acto objeto de publicación o notificación, así como del acceso a su contenido.

d) Aseguren la autenticidad del destinatario de la publicación o notificación.

Firma electrónica. La política de firma electrónica y de certificados concretará los procesos de

- generación,

- validación y

- conservación de firmas electrónicas,

- así como las características y requisitos exigibles a:

los sistemas de firma electrónica,
los certificados,
los servicios de sellado de tiempo,
y otros elementos de soporte de las firmas.

En cuanto a la Auditoría de la seguridad. Los sistemas de información electrónica serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada 2 años, que verifique el cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad.

Con carácter extraordinario, deberá realizarse dicha auditoría siempre que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información, que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas.

La realización de la auditoria extraordinaria determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años, que se establecen para la realización de la siguiente auditoría regular ordinariar.

Esta auditoría se realizará en función de la categoría del sistema.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 39, de la ley 11/2007, de 22 de junio, la auditoría profundizará en los detalles del sistema hasta el nivel que considere que proporciona evidencia suficiente y relevante, dentro del alcance establecido para la auditoría.

En la auditoría se utilizarán

- los criterios,

- métodos de trabajo y de conducta generalmente reconocidos,

- así como la normalización nacional e internacional aplicables a este tipo de auditorías de sistemas de información.

El informe de auditoría deberá

- identificar deficiencias y

- sugerir las posibles medidas correctoras o complementarias necesarias,

- así como las recomendaciones que se consideren oportunas.

- Deberá incluir:

los criterios metodológicos de auditoría utilizados,
el alcance y
el objetivo de la auditoría, y
los datos, hechos y observaciones en que se basen las conclusiones formuladas.

Los informes de auditoría serán presentados

- al responsable del sistema y

- al responsable de seguridad competentes.

Estos informes serán analizados por el responsablede seguridad competente, que presentará sus conclusiones al responsable del sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.

En el caso de los sistemas de categoría ALTA, visto el dictamen de auditoría, el responsable del sistema podrá acordar la retirada

- de operación de alguna información,

- de algún servicio o

- del sistema en su totalidad,

durante el tiempo que estime prudente y hasta la satisfacción de las modificaciones prescritas.

Los informes de auditoría podrán ser requeridos por los responsables de cada organización con competencias sobre seguridad de las tecnologías de la información.

En cuanto al Informe del estado de la seguridad. El Comité Sectorial de Administración Electrónica recogerá la información relacionada con el estado de las principales variables de la seguridad en los sistemas de información, de forma que permita elaborar un perfil general del estado de la seguridad en las Administraciones Públicas.

El Centro Criptológico Nacional articulará

- los procedimientos necesarios para la recogida y consolidación de la información,

- así como los aspectos metodológicos para su tratamiento y explotación, a través de los correspondientes grupos de trabajo que se constituyan al efecto en el Comité Sectorial de Administración Electrónica y en la Comisión de Estrategia TIC para la Administración General del Estado.

Capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de la información. El Centro Criptológico Nacional (CCN) articulará la respuesta a los incidentes de seguridad en torno a la estructura denominada CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional-Computer Emergency Reaction Team), que actuará sin perjuicio de las capacidades de respuesta a incidentes de seguridad que pueda tener cada administración pública y de la función de coordinación a nivel nacional e internacional del CCN.

Las Administraciones Públicas notificarán al Centro Criptológico Nacional aquellos incidentes que tengan un impacto significativo en

- la seguridad de la información manejada y

- de los servicios prestados en relación con la categorización de sistemas.

Sobre El Marco Jurídico General Para La Utilización De Los Servicios De Confianza En Comunicaciones Electrónicas

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El REGLAMENTO (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE,

debe establecer un marco jurídico general para la utilización de los servicios de confianza.

Sin embargo, no debe

crear la obligación general de utilizarlos
ni de instalar un punto de acceso para todos los servicios de confianza existentes.
no debe cubrir la prestación de servicios utilizados exclusivamente dentro de sistemas cerrados entre un conjunto definido de participantes, que no tengan efectos en terceros.

Los sistemas establecidos en empresas o administraciones públicas para gestionar procedimientos internos que hagan uso de servicios de confianza no deben estar sujetos a las obligaciones del presente Reglamento.

Únicamente los servicios de confianza prestados al público que tengan efectos en terceros deben cumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento.

Tampoco debe regular el Reglamento 910/2014 los aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales cuando existan requisitos de forma establecidos por el Derecho nacional o de la Unión.

No debe afectar a los requisitos nacionales de formato correspondientes a los registros públicos, en particular los registros mercantiles y de la propiedad.

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Para contribuir al uso transfronterizo general de los servicios de confianza, debe ser posible utilizarlos como prueba en procedimientos judiciales en todos los Estados miembros, correspondiendo al Derecho nacional definir los efectos jurídicos de los servicios de confianza, salvo disposición contraria del presente Reglamento.

En la medida en que este Reglamento cree la obligación de reconocer un servicio de confianza, solo podrá no reconocerse tal servicio de confianza cuando el destinatario

no pueda leerlo
o verificarlo por motivos técnicos sobre los que el destinatario no tenga un control inmediato.

Esta obligación no debe exigir a su vez a un organismo público la obtención del equipo y los programas informáticos necesarios para la legibilidad técnica de todos los servicios de confianza existentes.

Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones nacionales, acordes con el Derecho de la Unión, relativas a los servicios de confianza, siempre que tales servicios no estén plenamente armonizados por este Reglamento.

Los productos y servicios de confianza que se ajusten al Reglamento deben poder circular libremente en el mercado interior.

Los Estados miembros deben conservar la libertad para definir otros tipos de servicios de confianza, además de los que forman parte de la lista cerrada de servicios de confianza prevista en el Reglamento 910/2014, a efectos de su reconocimiento a nivel nacional como servicios de confianza cualificados.

Para

aumentar en la confianza de

las pequeñas y medianas empresas
y los consumidores en el mercado interior

y fomentar el uso de servicios y productos de confianza,

deben introducirse los conceptos de servicios de confianza cualificados y de prestador cualificado de servicios de confianza con miras a indicar los requisitos y obligaciones que garanticen un alto nivel de seguridad de cualquier servicio o producto de confianza cualificado que se preste o utilice.

Los Estados miembros de la UE deben designar uno o más organismos de supervisión para que lleven a cabo las actividades de supervisión previstas en el Reglamento. Igualmente deben poder decidir, por mutuo acuerdo con otro Estado miembro, la designación de un organismo de supervisión en el territorio de ese otro Estado miembro.

Los organismos de supervisión deben cooperar con las autoridades de protección de datos, por ejemplo informándoles de los resultados de las auditorías de los prestadores cualificados de servicios de confianza, en caso de resultar infringidas las normas sobre protección de datos de carácter personal. El suministro de información debe incluir

los incidentes en materia de seguridad
y las violaciones de los datos de carácter personal.

Los prestadores de servicios de confianza debe tener presente la aplicación de las buenas prácticas de seguridad adecuadas para los riesgos relacionados con sus actividades a fin de promover la confianza de los usuarios en el mercado único.

Las disposiciones relativas al uso de seudónimos en los certificados no deben impedir a los Estados miembros exigir la identificación de las personas de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión.

Todos los Estados miembros deben seguir unos requisitos de supervisión esenciales comunes para garantizar un nivel de seguridad equivalente de los servicios de confianza cualificados.

Los Estados miembros deben adoptar procedimientos comparables e intercambiar información sobre sus actividades de supervisión y las mejores prácticas en este campo.

REGLAMENTO (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE

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